El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas decidió llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General con carácter urgente al activar el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. El organismo concluyó que existen indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas como crímenes de lesa humanidad, mientras el gobierno mexicano rechazó el informe, lo calificó de tendencioso y aseguró que omite avances institucionales recientes.