Un grupo de 65 personas juzgadoras presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la reforma judicial mexicana, en un contexto en el que, según explicó el abogado Zamir Andrés Fajardo Morales, “quedó claro que el Estado mexicano no iba a permitir una revisión de la reforma en el derecho interno”.